El sueño de una energía nacional enfrentó a Uruguay con potencias extranjeras, lobbies locales y hasta con su propio pasado.
¿Qué tienen en común la Standard Oil, la Shell y el almacenero de tu barrio? Muy poco, salvo que todos vendieron combustible alguna vez. Pero detrás de la venta de nafta en Uruguay hay una historia larga, compleja, y profundamente política: la de ANCAP. En este episodio de NautaMedia Historia, descubrimos cómo la empresa pública de combustibles nació como un acto de defensa nacional frente a las grandes petroleras extranjeras.
Porque ANCAP no fue solo una ley sancionada en 1931: fue el resultado de décadas de luchas, presiones, alianzas y resistencia frente al avance de los grandes intereses internacionales. Y sí: las famosas “siete hermanas” —las principales compañías petroleras del mundo— también tuvieron sus “primos uruguayos”.
Combustibles: de promesa nacional a dependencia extranjera
La historia oficial ubica la creación de ANCAP el 15 de octubre de 1931. Pero la historia real comenzó mucho antes. En 1906, José Batlle y Ordóñez ya había planteado la necesidad de que el Estado controlara la producción y comercialización del alcohol, con la idea de utilizarlo como base para un carburante nacional. Ese plan tenía un nombre: “estanco”, es decir, monopolio estatal de todo el ciclo de producción.
Pero había un problema: el negocio del alcohol estaba en manos del empresario francés Jules Meillet. Y detrás de Meillet, estaba Francia. El proyecto ballista chocó de frente con las cámaras conservadoras locales, con el herrerismo, y con el lobby internacional que protegía a los grandes capitales europeos. Las presiones fueron tales que Meillet abandonó la producción y pasó a importar alcohol. El proyecto nacionalista debió esperar.
Las siete hermanas: un cártel global con brazos en Uruguay
En 1928, cuatro grandes compañías —Standard Oil (hoy ESSO), Shell, Atlantic y Texaco— se repartieron el mundo. Literalmente. Firmaron el acuerdo de Achnacarry, una política secreta por la cual se repartían zonas de extracción y mercados de consumo, y fijaban precios entre ellas para maximizar beneficios. El consumidor, por supuesto, no tenía idea.
En Uruguay, esto significaba que toda la nafta y lubricantes venían de estas empresas, que manejaban incluso el precio de referencia (Brent o West Texas), pese a que el país no produce crudo. Lo que pagamos hoy por litro sigue atado a esa lógica internacional. Dos de estas empresas eran británicas (usaban el índice Brent) y dos estadounidenses (usaban West Texas). Pero todas cobraban como si extrajeran del Mar del Norte, donde producir es más caro.
La respuesta nacional: sociedad uruguaya y política pública
En 1929 se fundó la Sociedad Uruguaya de Combustibles. No era una empresa pública, sino una iniciativa de banqueros y grandes productores rurales nacionales. Su meta: alcanzar el 16% del mercado. Esta cuota no amenazaba a las multinacionales, por lo que fue tolerada. Incluso les resultó útil como aliada para resistir la idea de un monopolio estatal.
El argumento ballista persistía: si un recurso es vital para el país, no puede estar en manos de intereses particulares. Como dijo Batlle y Ordóñez, cuando un servicio tiene alto interés social, sus frutos deben ser disfrutados por todos, no por unos pocos. En este caso, se trataba de algo más profundo que economía: era soberanía energética.
ANCAP como causa nacional
Luis Batlle Berres, sobrino de José Batlle y Ordoñez, escribió que el Estado debía encargarse de aquellas industrias donde pocos particulares concentraban el poder económico. Y puso como ejemplo central el petróleo. Si el país se quedaba sin nafta aunque fuera por unas horas, el daño sería inconmensurable para la industria, el agro, el transporte y la vida cotidiana.
En ese contexto, ANCAP fue creada con una misión estratégica: asegurar el suministro de combustibles, industrializar el país y abaratar el costo de vida. Porque el Estado, a diferencia de las multinacionales, no busca maximizar ganancias sino ofrecer servicios esenciales con equidad y previsibilidad.
La tensión con las políticas liberales
Sin embargo, el sueño del monopolio estatal fue siempre resistido. Ya en 1992 se intentó privatizar ANCAP; en 2003, asociarla con privados. Y en años recientes, diversas corrientes políticas impulsaron su apertura a la competencia. Algunas propuestas incluyen cerrar refinerías, permitir la importación libre y entregar plantas clave, como la de Paysandú, al capital privado.
El argumento es conocido: bajar el precio de los combustibles. Pero desde la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP y la Federación ANCAP se advierte que esto no solo encarecería el transporte y los alimentos, sino que pondría en riesgo empleos, colonias agrícolas como Bella Unión y la capacidad del país de sostener infraestructura clave.
Detrás del precio del litro, se juega algo mayor: el modelo de país.
ANCAP no es solo una empresa. Es una causa histórica. Es la decisión de no resignar soberanía ni depender del humor de los mercados internacionales. Es el resultado de una lucha que viene de 1906 y que aún sigue vigente.
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